Noto con
preocupación que de manera consistente se está solicitando el incremento de las penas, la prohibición de conciliaciones y desistimientos en diversos delitos e
incluso que se transformen conductas nuevas en actos criminales penados con
prisión, en un ánimo puramente retaliatorio, de vindicta pública.
Traen sus promotores, incluso, como
si de la panacea se tratara, ejemplos de las "penas" que imponen en
algunos Estados de los Estados Unidos, donde supuestamente se han logrado
disminuciones significativas en la comisión de delitos por dichos incrementos.
¿Nadie se ha
preguntado por qué, si tan monumentales y ejemplarizantes son dichas sanciones,
hoy día los presuntos narcotraficantes prefieren, contrario al pasado, una
cárcel en USA que en Colombia?
¿Nadie se toma la
molestia de analizar por qué muchos condenados a varias "cadenas
perpetuas" en el exterior regresan al país a sólo 10 o 12 años de su
extradición? Por cierto gozando de excelente salud, repuestos y notoriamente
bien alimentados.
¿Alguien se ha
preocupado de visitar esos lugares que en Colombia llaman centros de reclusión? donde a diario fallecen personas (si personas aunque estén arrumadas como
cadáveres insepultos) por la falta de asistencia médica, donde la alimentación
que consumen, en su mayoría, la rechazarían hasta los cerdos que tienen fama de
comer de todo, donde sólo un limitado porcentaje tiene la posibilidad de
estudiar o trabajar para redimir pena, donde el hacinamiento hace que duerman
como pueden en pasillos, bajo las escaleras, por sobrecupos de más del 300%.
Congresistas en
ánimo promocional y anticipada campaña
política salen a diario a llenar los espacios de opinión y las entrevistas de
prensa, con la boca llena por el proyecto de ley de endurecimiento en supuesta
defensa de las mujeres, que convirtieron en caballito de batalla, aprovechando
los hechos criminales para promocionarse y autonombrarse líderes o lideresas de
millones de mujeres que no han consultado, pero que encuentran eco en el sentir de aquellas que trajinan en las redes sociales, personas valiosas que se ven arrastradas por el repudio, el asco y la pasión
del momento.
Rechazo, como el que
más, los actos criminales espantosos que se vienen presentando en el país y
creo que todos aquellos que se desvían de las normas protectoras merecen su
condigna sanción, pero de ahí a aceptar que todo abusador sexual debe ser
castrado, todo conductor encontrado con algún grado de licor encarcelado y la
llave tirada al alcantarillado, todo acto de violencia, por mínima que sea, en
el hogar, se convierta en presidio "perpetuo" y no se permita la
reconciliación de ese hogar sin importar si es posible, si se rescatará la
unidad familiar, ni si se mantendrá la economía que lo hace sustentable, no puedo aceptarlo.
El señor Presidente
Santos en publicitado discurso al sancionar la ley que impide la conciliación
en los casos de alimentos y violencia intrafamiliar, asegura que ayudará a
traer la paz a Colombia. Como se nota que ni siquiera se preocupó de leer el texto de pocos
renglones que tiene la norma (aquí pueden consultarla http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley154205072012.pdf ), ni mucho menos evaluó sus consecuencias. Estoy
seguro que las organizaciones que protegen y buscan la no discriminación, la
protección y el cuidado de la mujer, de la familia y de la niñez no podrán
estar de acuerdo con esta legislación.
Ahora cualquiera
podrá denunciar que en una familia se están presentando casos de violencia
intrafamiliar, lo que obligará a la Fiscalía a tomar acciones e investigar
tales denuncias sin que puedan promover, en los casos en que sean reales, un
acercamiento y una conciliación que restablezcan la unidad familiar (cuando sea
posible) y tendrá que desgastarse investigando para sancionar todas las
inasistencias alimentarias, sin que haya conciliaciones que sirvan para
garantizar el sustento de esas familias (Ver http://www.elespectador.com/opinion/columna-357583-inasistencia-alimentaria ).
La congestión en la
Fiscalía en especial y en los estrados judiciales en general, ante la
imposibilidad de la salida negociada, forzara la separación de esas familias y
no podrán ser sanadas las heridas y restablecido el respeto.
Casos extremos, que
los hay y muy graves, ya eran indesistibles en la ley, pero a punta de opinión
hicieron que se modificara la ley afectando a todas las familias colombianas
porque cualquier situación por mínima que sea ahora por virtud de la Ley tiene
que ser investigada y no puede ser objeto de conciliación.
Creo que las
asociaciones que protegen la mujer, la niñez y la familia deberían promover una
ley que verdaderamente proteja unidad familiar, la niñez y la parte débil en
una relación de pareja, las que, por cierto, hoy día no tienen especificidad de
género.
Una ley que prevea
las consecuencias y contemple soluciones reales cuando uno de los miembros del
hogar, en especial si es el que aporta económicamente es recluido en prisión,
para que no quede en el desamparo puesto que estamos en un país con altos niveles de desempleo aún calificado ¿qué creen que pasará con esa familia? La contraparte se verá arrojada a la prostitución,
al delito o caerá en manos de un abusador(a) igual o peor que el
anterior.
Uno de los
principales temores para denunciar es la ausencia real de protección frente a
situaciones extremas, pero si las instituciones no están en condiciones de
protegerlas, al dejarlas en el desamparo y sometidas a convivir con sus
agresores ¿qué logran? Mayor violencia. ¿Cuántos líderes campesinos han sido
asesinados desde que prometió la Presidencia de la República protegerlos?
¿Cuántas víctimas de violencia de género están en este momento bajo protección
del Estado?
En cambio, ya no es
posible que parejas que, si bien es cierto tuvieron comportamientos violentos
que ameritaron su denuncia, encuentren en la conciliación y la ayuda
psico-social la recomposición de la unidad familiar, aunque tengan que buscarla
de forma particular y pagarla de su bolsillo. Ni podrán terminarse los procesos de inasistencia
alimentaria por conciliar una cuota adecuada o al menos pagable para la parte
que ha mantenido el hogar.
Con razón el
diagnóstico de política criminal efectuado por la Comisión Asesora de Política
Criminal del Estado es que el hacinamiento es producto la generación
indiscriminada de leyes populistas que no generan soluciones de raíz a los
problemas que aquejan a la ciudadanía (Ver
Pero a pesar de ello
y de sus propios asesores defienden un paquete de reformas que entre otras
cosas han llevado a considerar que tenemos un Congreso indigno que no
representa a la sociedad civil, como la reforma a la justicia o el publicitado
"Marco para la Paz" que, cualquiera que se remita a su texto, verá
que es una garantía de impunidad para grupos armados al margen de la ley (y no
para las FARC como tanto proclaman) ahí caben paramilitares, militares,
parapolíticos y muchos más, que por vía de selectividad impedirán cualquier
tipo de justicia y reparación para las víctimas. O la nueva super ley de
transparencia, que permite ocultar, esconder, negar y no contestar las
peticiones de información bajo la supuesta consigna de seguridad del estado,
propia de los regímenes totalitarios y no de un Estado Social de Derecho que no
puede, por definición, gobernarse a espaldas de la sociedad civil que lo elige.
La verdad,
cualquiera sea la ley que salga de este gobierno y congreso estará cobijada por
un manto de duda ciudadana, pues es notorio y desaforado el deseo de entregar
prebendas tanto a grandes grupos económicos, en especial que explotan recursos
naturales no renovables y se llevan los capitales del país sin generar
patrimonio nacional y que, en cambio, producen daños invaluables en el
ecosistema con grave deterioro del ambiente, desplazamiento de poblaciones e
insatisfacción ciudadana. O la criminalización descarada de la minería artesanal y pequeña minería, sólo para asignar grandes territorios a multinacionales mineras que desplazarán esa población y la dejarán sin su sustento. Así como leyes orientadas claramente a privatizar los
servicios de la Administración de Justicia, volverlos no sólo onerosos, sin
ponerlos en manos de personas particulares sin vocación ni compromiso ético y
jurídico con la verdad y la justicia, simplemente arrimados allí por un pago en
dinero, permitiendo un alto margen de corrupción ante las ofertas económicas de
los enfrentados en litigio o fácilmente intimidables o simplemente inaceptados por considerar que un
particular no es quien para decidir su litigio.
Inexplicable,
además, que por un lado pretendan mecanismos transaccionales y de justicia
alternativa (disque eso es el marco para la paz) como la selectividad, o que la recién nombrada Ministra de Justicia afirme que en mecanismos como la conciliación están las oportunidades de descongestión, mientras
por el otro le quitan esa oportunidad precisamente al núcleo esencial de la
sociedad que es la familia. ¿Entonces lo que quieren es mayor inestabilidad
y deterioro para impulsar soluciones de fuerza? Eso parece y eso es propio de
gobiernos totalitarios de ideologías extremas que no piensan en la sociedad
sino en sí mismos, sus ventajas y beneficios.
En fin, considero
que la aprobación y sanción de la ley 1542 de 2012 que reforma el Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) que impide la conciliación de los delitos
de inasistencia alimentaria y violencia contra la mujer y ordena que un equipo
interdisciplinario de medicina legal (de cuya existencia no tengo conocimiento,
ni dice como estará conformado) conceptúe previamente para proceder al uso de
mecanismos electrónicos como sustitutivos de la prisión, sin las medidas
adicionales de protección a la unidad familiar y a la familia como núcleo
esencial de la sociedad sólo traerá un agravamiento en la violencia, mayor
congestión en los despachos fiscales y no es, ni remotamente, un
acercamiento a la paz social.
