Rechazo, como el que más,
los actos criminales espantosos que se vienen presentando en el país y creo que
todos aquellos que se desvían de las normas protectoras merecen su condigna
sanción, pero de ahí a aceptar que todo acto de violencia en el hogar, por
mínima que sea, se convierta en presidio y no se permita la reconciliación sin
importar si es posible, si se rescatará la unidad familiar, ni si se mantendrá
la economía que lo hace sustentable, no puedo aceptarlo.
El señor Presidente Santos
en publicitado discurso al sancionar la ley que impide la conciliación en los
casos de alimentos y violencia intrafamiliar, asegura que ayudará a traer la
paz a Colombia. Como se nota que ni siquiera se preocupó de leer el texto de
pocos renglones que tiene la norma[i], ni mucho menos evaluó sus consecuencias.
Ahora cualquiera podrá
denunciar que en una familia se están presentando casos de violencia intrafamiliar,
lo que obligará a la Fiscalía a tomar acciones e investigar tales denuncias sin
que puedan promover, en los casos en que sean reales, un acercamiento y una
conciliación que restablezcan la unidad familiar (cuando sea posible) y tendrá
que desgastarse investigando para sancionar todas las inasistencias
alimentarias, sin que haya conciliaciones que sirvan para garantizar el
sustento de esas familias[ii].
La congestión en la
Fiscalía en especial y en los estrados judiciales en general, ante la
imposibilidad de la salida negociada, forzará la separación de esas familias y
no podrán ser sanadas las heridas y restablecido el respeto.
Casos extremos, que los
hay y muy graves, ya eran indesistibles en la ley, pero a punta de opinión hicieron
que se modificara, afectando a todas las familias colombianas porque cualquier
situación por mínima que sea ahora por virtud de la Ley tiene que ser
investigada y no puede ser objeto de conciliación.
Estoy
seguro que las organizaciones que protegen y buscan la no discriminación, la
protección y el cuidado de la mujer, de la familia y de la niñez no podrán
estar de acuerdo con esta legislación. Éstas deberían promover una ley que verdaderamente proteja la unidad
familiar, la niñez y la parte débil en una relación de pareja, las que, por
cierto, hoy día no tienen especificidad de género.
Una ley que prevea las
consecuencias y contemple soluciones reales cuando uno de los miembros del
hogar, en especial si es el que aporta económicamente es recluido en prisión,
para que no quede en el desamparo, puesto que estamos en un país con altos
niveles de desempleo aún calificado ¿qué creen que pasará con esa familia? La
contraparte se verá arrojada a la prostitución, al delito o caerá en manos de
un abusador(a) igual o peor que el anterior.
Uno de los principales
temores para denunciar es la ausencia real de protección frente a situaciones
extremas, pero si las instituciones no están en condiciones de protegerlas, al
dejarlas en el desamparo y sometidas a convivir con sus agresores ¿qué logran? Les
diré, mayor violencia.
En cambio, ya no es
posible que parejas que tuvieron comportamientos violentos que ameritaron su
denuncia, encuentren en la conciliación y la ayuda psico-social la
recomposición de la unidad familiar, aunque tengan que buscarla de forma particular
y pagarla de su bolsillo. Ni podrán terminarse los procesos de inasistencia
alimentaria por conciliar una cuota adecuada o al menos pagable para la parte
que ha mantenido el hogar.
Con razón el diagnóstico
de política criminal efectuado por la Comisión Asesora de Política Criminal del
Estado es que el hacinamiento es producto la generación indiscriminada de leyes
populistas que no generan soluciones de raíz a los problemas que aquejan a la
ciudadanía [iii].
Inexplicable, además, que
por un lado pretendan mecanismos transaccionales y de justicia alternativa
(disque eso es el marco para la paz) como la selectividad, o que la
recién nombrada Ministra de Justicia afirme que en mecanismos como la conciliación
están las oportunidades de descongestión, mientras por el otro le quitan esa
oportunidad precisamente al núcleo esencial de la sociedad que es la familia.
En fin, considero que la
aprobación y sanción de la ley 1542 de 2012 que impide la conciliación de los
delitos de inasistencia alimentaria y violencia contra la mujer y ordena que un
equipo interdisciplinario de medicina legal (de cuya existencia no tengo
conocimiento, ni dice como estará conformado) conceptúe previamente para
proceder al uso de mecanismos electrónicos como sustitutivos de la prisión, sin
las medidas adicionales de protección a la unidad familiar y a la familia como
núcleo esencial de la sociedad sólo traerá un agravamiento en la violencia,
mayor congestión en los despachos fiscales y no es, ni remotamente, un
acercamiento a la paz social [iv].
P.S. Posición interesante
la de Omar
Eduardo Gil Ordóñez, Coordinador del Área de Capacitación y Desarrollo del Instituto
de Victimología de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, quien
afirma que es inaplicable [v].
